Jorge Lara de la Fraga
“La Copipev exige: transparencia en el manejo financiero, dirección con racionalidad económica, representación democrática de trabajadores y pensionistas, topes a los beneficios pensionarios, sanciones a los actos de corrupción…”
“Mientras los ciudadanos se refugian en la apatía e indiferencia, los mediocres seguirán mandando…”
Los “jóvenes de espíritu” de la Copipev no nos amilanamos ante los obstáculos que encontramos en el camino, no aflojamos, el paso ante las respuestas negativas. Es más, los golpes bajos, las amenazas y los ataques mediáticos nos incentivan a seguir adelante, señalando las fallas, irregularidades y omisiones que acontecen en el Instituto de Pensiones del Estado. Seguiremos por el mismo sendero reivindicativo y les enfatizamos a las autoridades del ramo y al gobernador para reencauzar y fortalecer a esa alicaída y deteriorada institución. En la asamblea concurrida de la Coalición de Pensionistas, celebrada el pasado 25 de octubre, se analizaron documentos informativos; en uno de ellos se enlistaron interrogantes que es menester externarlas en este comentario para aclararles a los funcionarios y a los medios informativos que estamos conscientes del estado catastrófico que sufre el IPE.
Tales preguntas o cuestionamientos son: ¿Cuál es la realidad financiera del IPE, que ahora impone urgentes cambios para su viabilidad? ¿A cuánto ascenderá en el presupuesto estatal para el 2012 la partida destinada a saldar el adeudo que el gobierno del Estado tiene con el Instituto de Pensiones? ¿Se pretende incrementar las cuotas que aportan los trabajadores, aumentar la edad para poder ejercer el derecho de retiro y/o hacer lo mismo en lo que toca al número de años de servicio? ¿para plantear las reformas necesarias, se parte de un diagnóstico financiero puntual y veraz? ¿De qué modo se hará participar a la base de trabajadora en estas reformas? ¿Será sólo el Consejo Directivo del IPE el que tome estas importantísimas decisiones? ¿Se abandonará el modelo solidario de seguridad social? ¿Qué hará para blindar al IPE de corruptelas y de las decisiones políticas arbitrarias? Tanto los interesados directos como la comunidad veracruzana demandamos al gobierno estatal respuestas puntuales a dichas interrogantes.
Por otra parte, que se oiga bien y muy claro: los pensionados y los jubilados no somos culpables del desbarajuste financiero que actualmente padece el IPE. Algunos medios han circulado la especie de que ciertos derechohabientes gozan de jugosas pensiones y hasta algunos de esos favorecidos todavía están incrustados en la estructura gubernamental, obteniendo ingresos extras de manera irregular. Desde ahora es bueno precisar que si ese fuese el caso – pensiones altísimas ilegales o fraudulentas – esa aberración habría que adjudicársela a las mismas autoridades, a los directivos pasados y presentes del Instituto y al Consejo Directivo de la dependencia respectiva. No se vale que ahora hasta el mismo Contralor General del Estado mencione sobre las pensiones irregulares, pero para nada aluda a los malos manejos del patrimonio institucional (hoteles, cines, estacionamientos, locales comerciales, edificios, terrenos, cuentas bancarias), a las violaciones reiteradas a la normatividad existente y sobre todo a esa deuda que confronta el Gobierno del Estado con el IPE y que asciende a más de 3,600 millones de pesos.
Saludable sería que se llevara a cabo una auditoría integral del organismo en emergencia, hasta sus últimas consecuencias, considerando todos los renglones, facetas y aspectos de ese instituto que está al punto del colapso. En “el plantón” del pasado 27 de octubre, múltiples, jubilados expresamos en la plaza Lerdo de nuestra ciudad capital la inconformidad por la manera en que se han administrado los destinos del IPE, donde han predominado más los intereses político – electorales, los sindicales, personales y de grupos de poder, que los objetivos del organismo solidario y servicio social. En ese mismo evento nos pronunciamos por una nueva estructura, por reglas del juego diferentes y por la eliminación de prácticas viciosas. La Copipev exige: transparencia en el manejo financiero, dirección con racionalidad económica, representación democrática de trabajadores y pensionistas, topes a los beneficios pensionarios, sanciones a los responsables de actos de corrupción y el funcionamiento de un comité de vigilancia autónomo, con miembros que se renueven periódicamente. Esperamos la respuesta y el compromiso formal del gobernador de la Entidad.