Jorge Lara de la Fraga
Los problemas del Instituto de Pensiones del Estado no cesan, por más que su actual titular indique que no pasa nada y que “goza de cabal salud”. Hace poco, trabajadores de la citada institución manifestaron periodísticamente que su fuente de labor está en crisis y que mucho de su patrimonio fue destinador en el pasado inmediato a otros propósitos.
También aseveraron que se han efectuado reajustes de personal y que la tardanza para otorgar préstamos obedece a que no existe efectivo en caja. Ellos mismos se muestran extrañados antes la noticia de que recientemente se canalizaron 232 millones para beneficiar a 6mil peticionarios. Para rematar el asunto, todavía el director del IPE, Gonzalo Morgado Huesca, declaró: “El IPE le debe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los hoteles y tiene pérdidas en la Lotería…”, pero con su equipo tratará de superar las dificultades pecuniarias del organismo.
Analistas políticos locales ponen en tela de juicio las declaraciones de Morgado Huesca, toda vez que el citado funcionario se pierde en generalidades y no precisa cuestiones. Se le ha preguntado cómo andan los ingresos y egresos de los hoteles y restaurantes de la dependencia a su cargo, pero no suelta prenda. Cuando se alude al asunto de la Lotería Veracruzana se sale por la tangente y responde que el Consejo Directivo determinará en su momento si se prosigue con los sorteos implementados o se cancela tal programa. Conocedores del trajinar público e institucional han afirmado: “Nadie que admite que se le deben varios millones de pesos de impuestos a la Secretaría de Hacienda y que la famosa Lotería Veracruzana resultó un fracaso, puede resumir que las finanzas del IPE están sanas”. Además, desde el 2008 se hizo el último estudio actuarial a tal institución y desde entonces se ignora el estado financiero de la misma.
Mientras todo lo anterior acontece, un grupo activo de pensionados y jubilados prosigue su lucha legítima en derredor de los objetivos planteados por la Coalición de Pensionistas del IPE (la Copipe), pugnando en principio por la devolución del inapropiado descuento aplicado del aguinaldo, pero también enfocando sus baterías para salvaguardar al Instituto y hacer de él un organismo favorable a las necesidades de los trabajadores, de lo jubilados y de los pensionados; para nada un instrumento para satisfacer los intereses personales de los funcionarios, ni mucho menos para operar como “la caja chica” de la administración estatal. El último boletín de la coalición resume: “Convocamos a construir una nueva historia de nuestro Instituto: Transparente, democrático, sometido al escrutinio de los derechohabientes, con una dirección profesional, técnica, racional, ética… que no sea el pago de facturas políticas ni el resultado de complicidades calculadas desde el poder…”
Antes de culminar el presente comentario, juzgo necesario comunicar a los interesados que, a pesar del “fuego amigo”, de las amenazas, engaños, de los infundios, de las descalificaciones y demás yerbas maléficas, la Copipe pudo incorporar y organizar a más de 750 pensionistas de la Entidad para firmar el poder y tramitar el amparo para que nos sea devuelto el descuento al aguinaldo 2010 y no sigamos siendo víctimas de las medidas fiscales anticonstitucionales. En las cinco zonas establecidas (Poza Rica, Orizaba, Veracruz, Minatitlán y Xalapa) asistieron con decisión y entusiasmo compañeros de lucha que no se amilanaron ante los agoreros del desastre y que seguirán luchando de manera decidida para que nuestro sistema de pensiones se sustente en el régimen solidario y no se transforme en un organismo de cuentas individuales, en un esperpento para arropar a las cuestionadas Afores.
Las banderas del movimiento siguiendo viento en popa: reembolso del descuento aplicado, transparencia, auditoria al IPE, democratización en su funcionamiento, auditoría al mismo y rendición de cuentas.