Órganos de Gobierno:

Asamblea Plenaria. Junta en donde todos los socios activos serán convocados por la Comisión Ejecutiva Estatal para tomar acuerdos de trascendencia e importancia para la asociación.

Asamblea Estatal de Delegados. Reunión de los representantes de las delegaciones con el presidente, el secretario y el tesorero de la CEE para la aprobación de diversos asuntos de importancia para resolverse y/o ser tratados en la Asamblea Plenaria.

Asamblea Delegacional. Reuniones establecidas por cada una de las Comisiones Ejecutivas Delegacionales con todos los miembros activos que las integran, programadas o extraordinarias cuando lo consideren necesario.

Comisión Ejecutiva Estatal. Órgano ejecutivo de la Asociación que representa a la Copipev ante otras autoridades en el marco de los principio y objeto social de la misma, habiendo tomado acuerdos con la mayoría de los miembros de la misma comisión. Está constituida por un presidente, vice-presidente, secretaria, prosecretaria, Tesorero, pro-tesorero, así como cinco vocales con sus respectivos suplentes.

Comisiones Autónomas:

De Vigilancia y Auditoría Interna. Conformada por un fiscal y dos subfiscales. Atenderá la revisión de recursos de la CEE y supervisará su administración conforme al objeto social de la misma.

De Honor y Justicia. Conformada por un presidente, secretario y un vocal. Es el órgano que se encarga de atender las acusaciones que le sean turnadas, así como dictaminar las sanciones a que se hagan acreedores los miembros activos que llegasen a contravenir lo establecido en el estatuto.

Comisiones de la CEE

Para atender las necesidades de los propios asociados de manera eficiente y ágil, se formaron las siguiente Comisiones: de Tesorería y Finanzas, de Información y Difusión, de Salud, de Enlace con el IPE y SSTEEV, de Logística.

Los ciudadanos que formamos esta asociación lo hacemos basados en los principios de honestidad, la autonomía y el bienestar social como un derecho humano. Somos hombres y mujeres trabajadores y jubilados del Gobierno del Estado de Veracruz, que han llegado a acuerdos con probidad y transparencia ante el devenir de los acontecimientos suscitados con nuestras pensiones. Nuestra asociación promueve y favorece entre los involucrados intercambios de ideas, iniciativas y propuestas en beneficio de nuestra causa, no es lucrativa. Es incluyente porque considera la suma de esfuerzos de sus miembros y de quienes se integren al movimiento para fortalecer nuestros objetivos en la lucha por la defensa de nuestros derechos.

Principios rectores de la Copipev

Son derivados de la afiliación de sus integrantes al órgano del gobierno estatal denominado “Instituto de Pensiones del Estado”.

Primero: Es una entidad libre y democrática, en la que no hay distinción de persona por motivos de género, raza, nacionalidad, ideología, religión, partido político, sindicato o afiliación a cualquier tipo de agrupación establecida bajo las normas constitucionales y/o reglamentarias de la República Mexicana.

Segundo. Valora la seguridad social como un derecho universal y reconoce al “Instituto de Pensiones del Estado (IPE), como patrimonio intergeneracional, entre cuyos fines se encuentra el pago de prestaciones justas y dignas a los trabajadores afiliados al mismo.

Tercero. Considera como un deber del estado mexicano, la protección permanente al trabajador activo, pensionado y/o jubilado y a su familia, en los términos establecidos en el artículo ciento veintitrés, apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Considera como compromisos obligatorios, los asumidos por el estado mexicano con la Organización Internacional del Trabajo, en lo que toca a la seguridad social de los trabajadores, especialmente el convenio firmado en el año de mil novecientos sesenta y uno, (norma mínima ciento dos) que se refiere a: asistencia médica, prestaciones de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes.

Quinto. Asume como irrenunciables los derechos adquiridos por los trabajadores para con el “Instituto de Pensiones del Estado”, por lo que la asociación estará pendiente de las reformas a su ley, vigilando que éstas no afecten a sus afiliados por cuanto a las prestaciones a que tienen derecho, la responsabilidad de la parte patronal para asegurar el pago de las mismas, en los términos que marcan específicamente sus artículos dos y noventa y ocho.

Sexto. Pugnar por gestión administrativa autónoma del “Instituto de Pensiones del Estado”, en el marco de su condición como organismo público, y la representación equitativa, entre el Gobierno del Estado y sus derechohabientes, ya sean activos, pensionados y/o jubilados, dentro de sus Órganos de Gobierno.

Séptimo. Establece que la soberanía de la Asociación radica en la Asamblea Plenaria de sus asociados. Ésta será la máxima autoridad para la toma de decisiones, en los términos especificados en el presente estatuto.

Octavo. Manifiesta que es independiente en las relaciones que entabla con el Gobierno del Estado, instancias oficiales de todo tipo, asociaciones similares de pensionistas, partidos políticos, sindicatos u organismos de cualquier otra naturaleza.

Noveno. Considera un derecho de la sociedad veracruzana el acceso permanente a información fidedigna, completa y corroborable de todas las instituciones federales, estatales y municipales, descentralizadas o no, para lo cual, promoverá que la Asociación sea reconocida como observadora, con capacidad de propuesta en lo que se refiera a la estructura orgánica, el funcionamiento y patrimonio de dichas instituciones.

Décimo. Reclama en favor de todos los trabajadores activos, pensionados y/o jubilados, y de sus familias, una eficiente administración de sus aportaciones, sobre la base de efectivos mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, penalizaciones por incumplimiento, sanciones por acciones de corrupción y tráfico de influencias, así como la participación auténtica de la Asociación en a toma de decisiones que sustenten la viabilidad de las instituciones a las que se encuentren afiliados.

Décimo primero. Se declara como observadora independiente y con capacidad de denuncia para exigir la realización de auditorías y estudios actuariales, así como de las medidas necesarias para asegurar la viabilidad de las instituciones en que se encuentren afiliados sus integrantes, tanto a corto como a largo plazo.

Décimo segundo. Considera de interés público no sólo la salvaguarda de los derechos de los trabajadores activos, pensionados y/o jubilados, sino la difusión y toma de conciencia de la sociedad sobre las implicaciones negativas que tendría la desaparición de los modelos solidarios de las instituciones a los que se encuentran afiliados sus integrantes, tanto en la entidad veracruzana como en cualquier otro estado de la República.

Décimo tercero. Declara su competencia para celebrar alianzas con las organizaciones que coincidan con sus principios y objeto social.

Décimo cuarto. Considera de importancia para la sociedad el promover una cultura de la seguridad social, del conocimiento básico de los sistemas pensionarios, del ahorro y del cuidado de la salud.

El cambio de Gobierno en el estado de Veracruz, ocurrido el 1 de Diciembre de 2018, a cuyo frente quedó el Ing. Cuitlahuac García Jiménez  dio lugar a nuevas designaciones de funcionarios al frente de las dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz, entre ellas, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a cuyo cargo quedó la Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, la que con base en la Legislación relativa a la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto  del Estado de Veracruz, en lo relativo al derecho de la ciudadanía para fomentar, promover, regular y establecer los mecanismos que permitan la participación de los ciudadanos en los procedimientos funciones y decisiones de los órganos de gobierno del Estado, que permitan mejorar las políticas y acciones de gobierno con base en los principios de rendición de cuentas y plena transparencia, el IPE convocó a la derechohabiencia del IPE, asociaciones civiles y agrupaciones  de jubilados y sindicatos con afiliación al IPE a proponer candidatos a integrar la Contraloría Ciudadana del IPE, con el objetivo de colaborar en las acciones de seguimiento, supervisión vigilancia y evaluación de los trámites y servicios que proporciona el IPE mediante la verificación del cumplimiento de los procesos de evaluación del desempeño del funcionariado.

Diversos organismos representantes de jubilados y pensionados, y ciudadanos derechohabientes, propusieron candidatos a incorporarse a los trabajos de la Contraloría Ciudadana del IPE, la cual quedó integrada por 10 participantes, 3 de ellos miembros de la COPIPEV: Dra. Dolores Martínez Amilpa, Mtra. Esperanza Zamora Lara y Dra. Godeleva Rosa Ortiz Viveros. Los nombramientos respectivos fueron entregados el día 16 de mayo de 2019 y la vigencia del encargo es de dos años. 

La Contraloría Ciudadana sesiona una vez por mes en el salón de usos múltiples del Ipe. Sin embargo, con motivo de la Pandemia de Covid-19, desde el mes de junio de 2020 ha debido sesionar de manera virtual utilizando para tal fin la plataforma de Videoconferencias Telmex del IPE. 

En la mecánica de las sesiones se hace una revisión de los buzones de quejas del IPE, dos de ellos instalados en las instalaciones físicas del IPE y uno virtual a través de la página web del IPE. En ese contexto se analizan los cuestionamientos, quejas o sugerencias de los derechohabientes y se busca dar soluciones a los problemas planteados, en estas reuniones participan además de los integrantes de la Contraloría, la persona que funge como Enlace Institucional y la Titular del órgano de Control Interno del IPE, Psic. Olivia Aguilar Dorantes y L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya respectivamente.

Con base en sus funciones se han realizado a la fecha más de 20 sesiones donde se han abordado temas como: La revisión y elaboración de las Cédulas de Vigilancia, cuestionario aplicable a los derechohabientes, los cuales propone la Contraloría General del Estado para todas las dependencias. Por su carácter genérico, muchas de las preguntas no representaban fielmente los trámites y características de aquellos que se realizan en el Ipe, por lo que se procedió a hacer las ajustes y pruebas correspondientes para su utilización. Después del muestreo necesario se empezaron a aplicar las Cédulas. Se presentó entonces la contingencia por el Covid-19 y hubo que rehacer la Cédula para su aplicación vía internet, algo que, después de trámites administrativos ante la Contraloría General del Estado para su autorización, podremos aplicarla.

Temas y análisis abordados incluyen además: la solicitud al Consejo Directivo del IPE para permitir la presencia sin voz ni voto de un representante de la Contraloría Ciudadana, los préstamos a corto, mediano y largo plazo a los pensionados y jubilados del IPE, facilitar las condiciones para el pase de Revista de supervivencia, la aplicación de las Umas a las percepciones de los derechohabientes, las fallas en la accesibilidad de la comunicación telefónica y electrónica del IPE, información  sobre el estado que guarda la Reserva Técnica así como del estado que guarda la conciliación de la deuda contraída por  Gobiernos del Estado anteriores, con el IPE.

Las solicitudes de información y apoyo a la Dirección del IPE realizadas a través del enlace institucional de la Psic. Olivia Aguilar, han mostrado siempre un espíritu de concordia y compromiso con las acciones de transparencia solicitadas, así como su apoyo irrestricto. Por su parte, la Contraloría Ciudadana ha mostrado ser un organismo ciudadano responsable y comprometido con la derechohabiencia del IPE y con autonomía en la toma de decisiones.

La lucha de la Copipev por el rescate de la viabilidad financiera del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), afectado por administraciones ineficientes y omisas, con probados visos de corrupción, se desarrolla en un entorno de total opacidad por parte del instituto pensionario. En este escenario, tiene lugar la iniciativa de algunos miembros de Copipev, que en 2015, de forma autogestiva, integran el Colectivo por la Transparencia del IPE, con el propósito de recabar y difundir información documentada sobre el manejo del patrimonio inmobiliario y financiero de ese instituto, para denunciar las verdaderas causas de su quebranto y defender el modelo pensionario de solidaridad intergeneracional.

Los miembros de este Colectivo, indignados por sentirse interiormente burlados, deciden ejercer su derecho ciudadano de acceso a la información y capacitados por una compañera amiga de Copipev, emprenden un proceso de aprendizaje para obtener la información negada por el IPE, mediante solicitudes al Instituto Veracruzana de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),

De esta forma, los miembros del Colectivo emprenden solicitud a solicitud, un tránsito azaroso de aciertos y tropiezos, hasta lograr construir certeramente demandas de información, atender los plazos de respuestas y formular recursos de revisión, labor que les permite obtener información documentada y relevante que aporta el sustento para una permanente denuncia pública de las irregularidades hasta entonces ocultas.

Para difundir sus hallazgos, el Colectivo elabora boletines y videos que distribuyen de forma física y que también publica en redes sociales. Además, esos datos se utilizan como valiosos elementos de prueba irrefutables en la denuncia penal, que en 2016 interponen Copipev y otras asociaciones de jubilados, en la búsqueda de procuración e impartición de justicia, para fincar responsabilidades al quebranto del IPE y demandar la reparación del daño causado.

Producto de los esfuerzos de este Colectivo, actualmente se dispone del historial reciente de las actas del Consejo Directivo, del Comité Técnico del Fideicomiso de la Reserva Técnica y del Comité de Vigilancia; así como de la evolución de las inversiones de la Reserva Técnica del IPE y los cambios realizados a todos y cada uno de sus 45 bienes inmuebles.

En su trayecto, este Colectivo conoce de graves irregularidades, como la Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas, S.A. de R. L, constituida por el Gobierno del Estado (1%) y el IPE (99%), dos entidades públicas integran una sociedad mercantil y al amparo de esa figura privada, niegan todo tipo de información, como las cuantiosas pérdidas a costo del IPE que continúa asignando recursos para solventar su mantenimiento.

Propiedades con contratos de comodato que por años tampoco reportan ganancias, como la emblemática Garnica en Xalapa adquirida en 2005, habilitada como casa de pensionados y cerrada en 2011 para ser utilizada como base militar de marina, el ejército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es devuelta hasta el 2021. Plazo de 10 años sin beneficios directos a los derechohabientes

Inmuebles rentados a dependencias oficiales al mismo precio durante ocho años, otros en franco deterioro como los cinemas Mocambo en Veracruz que por dictamen de Protección Civil debe desmantelar en 2013 a un costo de más de 2 millones de pesos. Irregular venta de inmuebles, como El Jobo en el puerto de Veracruz, valuado en 2013 por 16 millones de pesos y vendido en 2015 por 10.

Adeudos de aportaciones de patrones, cuotas de trabajadores que en 2018 el Orfis reporta en $1,310,582,116.31 y de gobierno del estado del 2016 al 2018 en más de 7 mil millones de pesos.

En esta búsqueda de información permanente el Colectivo por la Transparencia del mantiene su contribución a la lucha de Copipev, acorde con su lema.

¡EN LA DEFENSA POR NUESTROS DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!

Informe de actividades agosto 2019-agosto 2020

Los integrantes de este Comité tomamos posesión en el mes de mayo de 2019 por un periodo de 2 años en el encargo. En este Comité participan las compañeras Dolores Martínez Amilpa como vocal “A”, Esperanza Zamora Lara como vocal “A” suplente y Godeleva Rosa Ortiz Viveros como vocal “B” suplente, todas ellas integrantes de COPIPEV.

Este Comité tiene como objetivo el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de la calidad de los trámites y servicios que se llevan a cabo en el IPE, mediante la verificación del cumplimiento de la calidad del desempeño de su funcionariado.

Parte de las funciones se cumplen a través de entrevistas para el llenado de la Cédula de Vigilancia (documento para realizar el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los trámites o servicios realizados por el IPE) formato que se usa en todas las dependencias del Gobierno Estatal. Al revisarla nos dimos cuenta que el carácter genérico para todas las dependencias hacía que se perdiera información específica y característica para los servicios que ofrece el IPE específicamente por lo que se emprendió un ajuste a la Cédula para mejorar su pertinencia. Se levantaron las Cédulas mediante entrevistas directas a derechohabientes, mismas que fueron aplicadas en el Instituto de Pensiones del Estado. Los resultados de estas Cédulas se entregaron a las autoridades del IPE para el seguimiento y resolución de las quejas o sugerencias que se presentaran y conseguir mejoras en la atención al derechohabiente.

Las Cédulas de Vigilancia se entregan con un acta y en un sobre cerrado a Contraloría Del Estado por la Psicóloga Olivia Aguilar Dorantes, enlace Institucional de la Contraloría Ciudadana del Instituto de Pensiones del Estado.

Se abrieron los buzones físicos de quejas, sugerencias y felicitaciones que se encuentran en el edificio A del IPE, así mismo se revisó el buzón digital de la página WEB del IPE. Éstas se canalizaron a las áreas correspondientes para su solución y seguimiento. Entre las quejas recurrentes están: 1) la atención telefónica es ineficiente, no responde a las necesidades de los derechohabientes, contestan de mala manera, impacientemente, o no contestan. 2) La revista de superviviencia causa incomodidad y estrés pues algunos derechohabientes no se enteran de las fechas o requieren movilizarse de su lugar de residencia a otro punto del estado 3) deficiencias en la información sobre requisitos de algunos trámites que demoran su atención.

Se incluyen también felicitaciones, que se repiten particularmente para el área de préstamos donde, según expresan el joven que atiende en ventanilla es amable y eficiente.

El Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz dio un informe sobre el programa para realizar préstamos, ya que la demanda de préstamos a corto plazo ha aumentado, además de la implementación de diversas estrategias para recuperar los adeudos. Se prevé que para este año se recuperen 356 millones de la deuda atrasada. Se nos hace saber que de acuerdo a la ley 287, de las ganancias de los préstamos el 70% se invierte en el Fideicomiso Reserva Técnica y el 30% para refinanciar la cartera de préstamos.

Este Comité redactó dos oficios, uno dirigido al Consejo Directivo del Ipe y otro a la Directora Lic. Daniela Gpe. Griego Ceballos solicitando autorización para asistir a las reuniones del Consejo Directivo, sin embargo la petición fue denegada.

Por decisión de la Contraloría Ciudadana se realizaron dos solicitudes de información al ORFIS por medio de la Plataforma del IVAI para conocer la deuda del gobierno del Estado con el IPE. Una fue contestada parcialmente puesto que no se ha hecho la auditoria en el IPE del año 2019. La otra aún no ha sido respondida debido a la contingencia.

En las sesiones de trabajo del Comité de Contraloría se ha informado que las actas del Consejo Directivo y las actas del Comité Técnico del Fideicomiso se suben a la página del IPE con mucho retraso, debido a que a que los participantes en las sesiones del Consejo tardan mucho en firmar y las actas no se pueden subir a la página web del IPE hasta que están firmadas por todos los asistentes a las reuniones.

Este Comité solicitó un taller sobre cómo realizar solicitudes en el Instituto de Acceso a la Información, el cual aún está pendiente.

En los meses de marzo, abril y mayo no se llevaron a cabo reuniones debido a la contingencia y tampoco se levantaron las Cédulas de Vigilancia.

En la reunión del 24 de julio de 2020, recibimos información sobre el programa virtual de supervivencia que se está realizando para los derechohabientes que no pudieron acreditarla después del 20 de marzo por la contingencia y que suman en total 8,856 derechohabientes, misma que se difundió ampliamente a toda la derechohabiencia por medios escritos, a través de medios electrónicos, radio, televisión e internet.

En el mes de febrero del año en curso, un derechohabiente presentó una queja sobre el desconocimiento que prevalece entre los jubilados y pensionados respecto a la aplicación de la UMA por el IPE. Relacionado con esta queja, en la reunión de agosto del 2020, el Contador Guillermo Belmonte del área de Contabilidad participó en la sesión de Contraloría explicó las características de la UMA, la cual si se aplica en el Ipe a las pensiones con ciertas características y que nos enviará por escrito una explicación amplia sobre este punto.

Una de las actividades pendientes de este Comité, es la búsqueda de estrategias, probablemente electrónicas, para levantar las Cédulas de Vigilancia, ya que debido a la contingencia del Covid-19 no se han podido realizar.

A T E N T A M E N T E

Xalapa, Ver. a 8 de septiembre de 2020.

Dolores Martínez Amilpa

Godeleva Rosa Ortiz Viveros

Esperanza Zamora Lara