Yo tengo una palabra en la garganta
Y no la suelto, y no me libro de ella…
Gabriela Mistral
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su intento por establecer un nuevo orden para una mejor convivencia entre las naciones, establece por primera vez en 1948, que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero. Es a partir de esta Declaración que cada país conforma su Comisión de Derechos Humanos en beneficio de sus ciudadanos y promover un nivel de vida que les asegure, salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales necesarios, así como a una existencia conforme a la dignidad humana.
Por tanto, el trabajo es un derecho humano universal, extensivo al derecho de una pensión digna que cumplido el tiempo y las aportaciones requeridas, el trabajador adquiere en los términos referidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, señala como un salario diferido. Para el caso de los trabajadores del estado de Veracruz, la Seguridad Social está a cargo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y es regida por la Ley expedida al respecto.
En este marco los pensionados y jubilados del estado de Veracruz y otros organismos incorporados al mencionado instituto pensionario, tenemos legalmente legitimado el pago puntual de nuestras pensiones. Sin embargo, derivado de malos manejos y trasiego en el patrimonio del IPE, en 2014 y 2015 ocurrieron impagos frecuentes a nuestras pensiones que propiciaron cada mes marchas y plantones, lo que lamentablemente tuvo como clímax el fatídico 23 de diciembre de 2015, que aún hoy recordamos con dolor, coraje e impotencia, pues después de haber estado varios días inconformándonos frente a Palacio de Gobierno del estado, por la violación frecuente a nuestro derecho de pago de nuestras pensiones y aguinaldo, organizados en un plantón a la espera de noticias del grupo de compañeros citados a la oficina del Secretario del Gobierno del estado para una resolución, nos vimos rodeados por la policía antimotines que violentamente nos replegaron con toletes eléctricos con los resultados que muchos de nosotros que estuvimos conocemos, personas lastimadas tanto física como emocionalmente. Así respondió el gobierno a nuestras exigencias por el derecho humano una pensión ganada por 30 o más años de trabajo y entrega al servicio público y a la puntual contribución a nuestro fondo pensionario.
Ese día contamos con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que acudió a apoyarnos porque al violentarnos, violaron nuestros derechos humanos a la seguridad social, a la protección de personas adultas mayores, al derecho de reunión, de protesta social pacífica y de libertad de expresión, incumpliendo con ello todo imperativo ético. Fuimos 707 jubilados de Copipev, de todo el estado de Veracruz, quienes presentamos formalmente nuestra queja ante la CEDH lo que dio lugar a la recomendación emitida por esta Comisión Estatal en marzo de 2016 y por la gravedad de los hechos ocurridos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso y emitió la Recomendación 32/2018, dirigida a funcionarios de Gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado y del propio IPE, para que asumieran el compromiso de garantizar los recursos suficientes para cubrir el pago en las fechas correspondientes y fincar responsabilidad administrativa y penal a quienes resultaran responsables.
Sin embargo, transcurridos más de cinco años de este penoso hecho, las autoridades no han señalado culpables y tampoco ha habido reparación del daño, aun cuando la recomendación de la CNDH establece fecha para el cumplimiento de estas recomendaciones, con lo que también se viola nuestro derecho humano de procuración e impartición de justicia.
Seguimos y seguiremos en la lucha por la defensa de nuestro derecho humano: el pago de nuestra pensión y la Seguridad Social a que está comprometida el estado.