Durante el año de 2013, circularon fuertes rumores relativos a la pretensión del Gobierno y en consecuencia del IPE, de reformar la Ley del IPE, misma que rige las funciones y atribuciones del Instituto de Pensiones del Estado. Algunas de las Asociaciones que a esa fecha ya se habían formado con el objetivo de defender los derechos de los Jubilados y pensionistas del Estado de Veracruz, coincidieron en la necesidad de formar un frente común para la defensa del IPE, el Frente Estatal en Defensa del IPE (FEDIPEV). Con tal objetivo, coincidieron en la conveniencia de integrar una Federación que luchara por la conservación y el fortalecimiento del IPE como el organismo encargado de asegurar y proporcionar a sus derechohabientes las pensiones y demás prestaciones sociales a que son merecedores.
En 2014 se aprobó la modificación a la Ley 20 y, en consecuencia, se aprobó una nueva ley del Instituto de Pensiones del Estado, la Ley 287. Ante las nuevas condiciones, los compañeros Humberto Hernández y Pedro Linares se dieron a la tarea de buscar la asesoría legal con el Lic. Pérez Saucedo, con antecedentes de ser experto en el tema, quien había trabajado en la defensa de los pensionados del ISSSTE. Éste recomendó y tramitó un amparo a nivel federal a fin de conseguir una suspensión de tal ley, no habiendo logrado una respuesta satisfactoria para los jubilados ni para los trabajadores activos que signaron el documento. Aun así, Copipev consiguió un fuerte impulso a su movimiento, mismo que se evidenció en la multitudinaria marcha de derechohabientes que nos acompañaron a la entrega de la solicitud del amparo al juzgado federal.
Aunque algunos sindicatos y grupos de jubilados pactaron con Javier Duarte de Ochoa, entonces Gobernador del Estado, la aceptación de la Ley 287, los miembros de FEDIPEV se abocaron a formular un documento que contenía reformas a la Ley 287, el que a la postre no fructificó.
En continua lucha, el 1° de agosto de 2016, FEDIPEV formuló una denuncia penal por el mal uso de los recursos del IPE, el cual mostraba déficits presupuestales importantes y adeudos considerables a su patrimonio. Esta Denuncia Penal se formuló contra los integrantes del Consejo Directivo del IPE integrado en ese momento, por el director General OCTAVIO ANTONIO GIL GARCÍA, en su carácter de Consejero Presidente; JOSÉ ADÁN CÓRDOBA MORALES, en su carácter de Secretario Técnico; RICARDO GARCÍA GUZMÁN, en su carácter de Comisario Propietario; FLAVINO RÍOS ALVARADO, ANTONIO GÓMEZ PELEGRÍN, XÓCHITL ADELA OSORIO MARTÍNEZ, FERNANDO BENÍTEZ OBESO, ALFREDO FERRARI SAAVEDRA, GERARDO MANCILLA ARTEAGA, MANUEL ARELLANO MÉNDEZ, ACELA SERVÍN MURRIETA, ENRIQUE LEVET GOROZPE, ENRIQUE CRUZ CANSECO, RICARDO DIZ HERLINDO, FAUSTINO GARCÍA HERNÁNDEZ, todos ellos en su carácter de Consejeros Propietarios, así como contra los CC. ÁNGEL CRUZ LAGUNES, ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN, FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA, EDGAR MURRIETA GONZÁLEZ, JOSÉ ÁLVARO PÉREZ VELA, LUIS SARABIA OLGUÍN, CASIMIRO HERNÁNDEZ CUERVO, VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ, OSWALDO DANIEL AHUMADA AGUIRRE, como Consejeros Suplentes. Denuncia que continúa interpuesta a la fecha.
En aquel momento, la Diputada Lic. Daniela Griego, desde la Legislatura, impulsó la elaboración de un documento que rediseñaba la Ley 287, el cuál fue elaborado e impulsado de manera conjunta con los sindicatos mayoritarios y con la aparente participación de algunos grupos de jubilados. Las reformas a la Ley 287 fueron aprobadas por la Legislatura, sin embargo, nunca fue ratificada por el gobernador en turno, Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, acción que impidió que se pusiera en efecto, de acuerdo a lo establecido en la legislación veracruzana
En la actualidad, la situación sigue tal cual, ya que el C. Ing. Cuitláhuac García Jiménez, actual gobernador, tampoco ha publicado su aprobación en la Gaceta Oficial del Estado. De manera paralela, Copipev durante los últimos 3 años ha elaborado e impulsado una Propuesta Popular de Autonomía Constitucional del Instituto, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento del IPE, su solidez financiera y la permanencia del sistema de solidaridad intergeneracional con que ha funcionado hasta la fecha. En su estructura de funcionamiento se destaca la necesidad de que los directivos del IPE cuenten con un sólido perfil profesional acorde con cada una de las posiciones y con una amplia trayectoria de honestidad en el uso de los recursos encomendados
En cuanto a la Denuncia penal, cuya copia encontrará en el link que aparece adelante, Copipev ha analizado junto con el abogado Lic. Juan José Llanes del Ángel, quien ha fungido como asesor jurídico de COPIPEV, la conveniencia de continuar insistiendo ante la Fiscalía General del Estado y los jueces de Control sobre el avance en la integración de la carpeta, como paso indispensable para continuar con el proceso de denuncia penal y de ser el caso, la aplicación de la ley a los transgresores de la misma.