Godeleva Rosa Ortiz Viveros – Centro Recreativo Xalapeño en Xalapa, Veracruz
LA INSUFICIENCIA FINANCIERA DEL IPE: CAUSAS E IMPLICACIONES
En los últimos meses hemos sido testigos de las movilizaciones que se han suscitado a nivel
internacional con relación, la edad de jubilación y las pensiones. Entre los movimientos
surgidos, el de Francia ha destacado por la gran participación de los trabajadores activos en
marchas y mítines quienes exigen al gobierno dar marcha atrás en su objetivo de incrementar
la edad de jubilación en dos años, mientras el gobierno insiste en la insuficiencia de las cuotas
que aportan trabajadores y patrones para estar en capacidad para pagar las pensiones. El
Presidente de ese país ya ha incrementado, por decreto, la edad de jubilación en dos años.
con el consecuente rechazo de los trabajadores y se encuentra en proceso una respuesta más
fuerte por parte de los trabajadores.
En México, las instituciones pensionarias han sufrido múltiples reveses, llegando al grado de
haber cerrado algunos de ellas como el caso del Instituto de Pensiones de Nayarit y se
encuentran con graves problemas de suficiencia para cumplir con su cometido los Institutos
de Pensiones de Zacatecas, Nuevo León, Jalisco y Veracruz.
Como respuesta, particularmente en el estado de Veracruz, en años recientes, se ha subido
gradualmente y de manera arbitraria, la edad para la jubilación, así como el porcentaje del
sueldo que aportan los trabajadores y patrones, comenzando con el 6 % del salario que se
cotizaba originalmente hasta llegar actualmente a una aportación de 13%, cambios que de
manera complaciente han aceptado los sindicatos y sin mayor respuesta de los trabajadores
activos.
De la misma manera, otros cambios han ocurrido en los requisitos que se exigen a los
trabajadores para jubilarse, por ejemplo, en 1967 el trabajador sólo requería haber trabajado
por 30 años para tener derecho a la jubilación, en 1966 se requería además tener al menos
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60 años de edad y actualmente se requieren, además de los 30 años de antigüedad tener 65
o más años. En 10 años se incrementó la edad de jubilación en 5 años. Todo ello con la
anuencia de los representantes de los trabajadores activos.
El IPE de Veracruz durante varios sexenios vio disminuidos sus recursos, debido a su mal
manejo y a la sustracción de los mismos, acompañados por una política de opacidad en la
información sobre su manejo. Ya, desde el año 2010, algunos grupos de pensionados,
preocupados por el funcionamiento del IPE, particularmente por la lasitud en la toma de
decisiones sobre el destino de nuestros recursos y ante la amenaza de una declaración de
quiebra del Instituto por la insuficiencia de recursos para cumplir sus funciones y conscientes
de la responsabilidad del Consejo Directivo en la toma de las decisiones sobre el destino de la
Reserva Técnica y demás bienes del IPE, que es la instancia donde se autorizó durante varios
sexenios la utilización de los fondos de la reserva técnica y la venta irregular de terrenos que
son parte de su patrimonio, con fines diferentes a los establecidos en la Ley 287 que rige al
IPE.
Otra de las decisiones que han modificado al Instituto se relaciona con las cuotas a partir de
cuales funciona bajo un Modelo de Solidaridad Intergeneracional, donde los trabajadores
activos aportan una cuota, los patrones por su parte aportan otra y el Gobierno aporta la
propia; el monto de la cuota aumentó arbitrariamente del 6% del salario que originalmente
se cotizaba, al 10% en 2010 y el 12% o 13% en la actualidad. Estos cambios en la cotización
también fueron acordados a espaldas de los trabajadores.
Cuando por otra parte, entre 2010 y 2011, se dio a conocer que subirían las cuotas que
aportan los trabajadores para la operación del IPE, la aplicación del Impuesto sobre la Renta
a la pensión y el aguinaldo de los pensionados, así como el intento de aplicar las nuevas
disposiciones a los pensionados que estaban regidos y amparados por leyes anteriores se
incrementó la inconformidad de diversos grupos de pensionados, quienes nos amparamos
contra esa decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fallo de la SCJN nos dio
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la razón y consideró tal medida como inconstitucional, declarando la no procedencia de tal
acuerdo.
Las irregularidades continuaron y así, después de 5 años de lucha y como producto de los
constantes retrasos en el pago de pensiones y otras prestaciones salimos en diciembre de
2015, a ejercer nuestro derecho a ser escuchados y exigir el pago puntual de pensiones y
aguinaldos. El 23 de diciembre de 2015, por órdenes del gobernador Javier Duarte Ochoa, y
de su Secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado y Arturo Bermúdez Zurita como Secretario
de Seguridad Pública, se dio la orden de reprimir a los manifestantes que estábamos en la
plaza Lerdo. Fuimos agredidos físicamente y violentados en nuestro derecho a la voz y la
denuncia y a pedir explicaciones por el impago de nuestras pensiones y aguinaldos, así como
por el destino de los recursos financieros e inmobiliarios que habían estado saqueando de la
Reserva Técnica del IPE.
Interpusimos una demanda ante la Fiscalía General del Estado y otra ante las Comisiones
Estatal y Nacional de Derechos Humanos, mismas que calificaron la agresión como violatoria
de los derechos humanos expidiendo una recomendación al IPE, a la Fiscalía General del
Estado y al gobierno del Estado, de resarcir del daño causado a los adultos de la tercera edad
y periodistas que nos manifestábamos ese día en defensa de nuestros derechos, el Gobierno
del Estado, acatando una recomendación de la CNDH ofreció una disculpa. Desde entonces,
han pasado 8 años y la Fiscalía no ha podido reunir las evidencias de los autores en tan artera
agresión.
Por si fuera poco, los pensionados del IPE, como la mayoría del pueblo veracruzano fuimos
testigos de la dilapidación, sustracción y uso indebido de los recursos del IPE durante varios
sexenios, llegando a extremos inconcebibles, lo sucedido en el sexenio de Javier Duarte,
donde el robo a través de argucias y desfalcos fue la característica de su gobierno. En el caso
del IPE contaron con el apoyo de la instancia de gobierno, misma que les facilitó la tarea, el
Consejo Directivo del Instituto, el que autorizó en su momento la utilización de los recursos
del IPE para “préstamos” al gobierno, que nunca fueron regresados y mucho menos pagados
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los intereses que habrían devengado, y préstamos “solidarios” que nunca fueron pagados,
mismos que fueron autorizados por el propio Director del Instituto.
El desfalco al IPE ha sido reconocido por Directores Generales del Instituto, como Hilario
Barcelata quien reconoció un adeudo de SEFIPLAN de $2,726MP en 2017, el ORFIS, el que en
el informe de 2018, registra un déficit Institucional de $7,887,312,619.32, no cubierto por
SEFIPLAN, incluyendo faltantes del ejercicio 2016 y anteriores y el reconocido por la Directora
General actual, por $7,887,612,620.00 que incluye el registro en la contabilidad del IPE al
inicio de la presente administración.
Durante estos años hemos continuado, fieles a nuestra tarea de velar y defender al Instituto
de Pensiones del Estado, nos hemos mantenido vigilantes de su situación financiera y de los
destinos que han tenido sus recursos tanto financieros como inmobiliarios, con la muda
complacencia de sus órganos de decisión. Hemos denunciado públicamente la escandalosa
sustracción que gobiernos anteriores hicieron a la Reserva Técnica y demás recursos
inmobiliarios. En consecuencia, hemos procedido legalmente desde el 1° de agosto de 2016,
interponiendo, junto con otras asociaciones de jubilados, pertenecientes a la FEDIPEV, una
denuncia penal contra el Consejo Directivo y todos aquellos que resulten responsables del
inadecuado e incorrecto uso de los recursos del IPE. A casi 7 años de interpuesta nuestra
denuncia, lo único que hemos obtenido son aplazamientos y demoras en la integración de la
carpeta, por nuestra parte hemos aportado todas las evidencias requeridas, incluyendo un
dictamen pericial contable, que muestra sin lugar a dudas la incorrecta utilización de los
recursos del IPE, para fines diferentes para los que fue legítimamente destinado: el pago de
las pensiones y prestaciones de ley de pensionados y jubilados de Veracruz, así como sus
actores.
Exigimos una respuesta inmediata a nuestra demanda, así como una respuesta seria y no
dilatoria por parte de la Fiscalía y del gobierno del estado. ¿Hasta cuándo tendremos que
esperar para que sean atendidas nuestras denuncias? ¿Hasta cuándo actuará en
consecuencia el Gobierno del Estado cuando afirma que ni es ni será tapadera de actuaciones
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corruptas ni de simulación? Hasta cuando se cumplirá la Ley formalizando la contratación de
trabajadores eventuales y de confianza en dependencias oficiales a fin de que puedan acceder
a los beneficios que representa el IPE y a su vez incrementar su patrimonio.
Reconocemos las medidas atinadas de la presente Administración del IPE, para recuperar
recursos que favorecen a la Reserva Técnica, pero el Gobierno del Estado tiene que abonar al
pago de la deuda que tiene con los pensionados de Veracruz.
Y finalmente, hasta cuándo harán escuchar su voz los trabajadores actualmente activos,
quienes padecerán los peores estragos de esta situación pensionaria tanto en el país como
en el estado de Veracruz, los ejemplos los tenemos a la vuelta de la esquina en otros estados,
donde han disminuido el monto de la pensión a los jubilados y otras prestaciones sociales e
incluso han desaparecido a institutos de pensiones!!.
Lo que les aseguramos es que los pensionados y jubilados de COPIPEV…..
¡¡¡En la Defensa de nuestros derechos nunca daremos un paso atrás!!!
Xalapa; Ver a 17 de mayo de 2023
www.copipev.org
copipev.ac@gmail.com
